Facilidades para contratar con el sector público

El 19 de octubre se aprobó definitivamente, en el Congreso de los Diputados, la nueva Ley de Contratos del Sector Público. Salió adelante después de un largo periplo. La norma aborda la necesidad de transponer al ordenamiento jurídico directivas europeas de febrero de 2014. Todas ellas se han ejecutado con retraso y suponen un refuerzo en la seguridad jurídica de nuestro sistema de contratación. Además, intentan corregir malas prácticas, como la morosidad.

A efectos de autónomos y pymes, la Ley supone implica cambios fundamentales. Así, impulsa la participación de las pymes en los procesos de contratación pública. De igual forma, se acaba con una práctica que asfixiaba la liquidez de las mismas: en concreto, se impone un plazo máximo de 90 días para el abono de las facturas. Algo que beneficiará a las empresas que trabajen para la Administración. También para las que subcontraten a pymes y autónomos como proveedores de bienes y servicios.

División en lotes

La Ley obliga, por ejemplo, a dividir en lotes los contratos susceptibles de fraccionamiento. Uno de los principales puntos que dificulta el acceso de pymes y autónomos a los procesos de contratación de la Administración es su sistema de contratación. Es una práctica común que la Administración englobe en un único contrato tareas relacionadas, pero con objetivos no siempre comunes. Así, se simplifican procesos administrativos. Ya que permite convocar un solo concurso para diferentes tareas, en lugar de dos o más. Esto implica el consiguiente ahorro para el erario público.

En la práctica, esto expulsa de la licitación a empresas de menor tamaño, al no poder acceder a contratos amplios. Tanto por la parte económica como por el desarrollo y ejecución de tareas. Entre las ventajas que esto aporta destacan las siguientes: mayor especialización, más oportunidad a la innovación y, sobre todo, posibilidades de negocio de la pyme con la Administración.

Otro de los obstáculos para el acceso a la contratación con la Administración es la exigencia excesiva de criterios de acceso. Entre estas condiciones, se requiere una experiencia desproporcionada para poder contratar. Por ello, en raras ocasiones, una pyme puede participar en estos procesos. Con la nueva Ley los pliegos no incluirán unas condiciones de solvencia excesiva. Algo que llevado a la práctica hará que las nuevas empresas no tengan que acreditar trabajos previos con la Administración.

Mejora en relación con calidad y precio

También se sustituye como criterio de adjudicación «la oferta económica más ventajosa» por «la mejora en relación con la calidad y el precio». Hasta ahora  el precio ha sido el factor decisivo, primando las ofertas con el precio más bajo. Al margen de la merma de calidad que ha supuesto para muchos servicios, estos criterios han fomentado prácticas anticompetitivas. Entre ellas, ofertar por debajo del precio de coste. Las pymes han sido las principales perjudicadas, al no poder bajar los precios como pueden hacerlo empresas de mayor envergadura. Así, se han visto expulsadas de este tipo de contratación.

Pero la principal ventaja que aporta es que las empresas que trabajen para la Administración no podrán pagar tarde a sus proveedores. Para ello, se les obligará a depositar cada factura en un registro electrónico. Esta Ley impide que esas empresas puedan establecer plazos de pago superiores a los 60 días de máximo establecidos por la Ley de Morosidad. El periodo de comprobación de las facturas se limita a 30 días y se establece la obligatoriedad de que se presenten de forma electrónica a partir del 30 de junio de 2018. Las empresas que trabajen para la Administración y, a su vez, subcontraten a proveedores de bienes y servicios tendrán que abonar sus facturas en un plazo máximo de 90 días. La nueva Ley permitirá incluso que el subcontratista pueda solicitar el pago directo a la Administración.

Más competencia

En definitiva, la nueva Ley de Contratación del sector público favorecerá la competencia. Propiciará el desarrollo económico de las pymes. Lo hace con la apertura de las mismas a los procesos de la contratación pública. Y, además, se acaba con las malas prácticas que se habían instalado en el mercado.

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